Certero análisis de Rafael Andrés sobre la Orden de subvenciones del Ministerio de Consumo
El abogado especialista en Derecho Administrativo, Deporte y Juego, Rafael Andrés, ha realizado un certero análisis en LinkedIn de la Orden de 13 de abril de 2023, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, durante el ejercicio 2023, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad.
Andrés explica que “dentro de los posibles beneficiarios, se excluyen a las entidades sin fines de lucro que tengan entre sus órganos de gobierno a operadores que organicen, celebren o exploten las actividades de juego definidas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo”. “Amén de que la exclusión resulta de muy dudosa legalidad, en concurrencia pública y términos de igualdad, carece de justificación, resulta que precisamente por responsabilidad corporativa y cumplimiento normativo los operadores deben incorporar y favorecer la realización de estudios que minimicen cualquier deseconomía de los productos que incorporen en el mercado, en el del juego y en cualquier otro sector”, añade remarcando que “una vez más, este Ministerio, no atiende a los principios de buena regulación y prefiere incorporar la ideología más retrógrada y el sectarismo más atroz, que es con lo que habitualmente se maneja y opera, siempre en clave propagandística”. Asimismo, pone de manifiesto que “estamos en lo mismo, en lo que estaba hace algunas fechas el Director General de Ordenación de Juego en el repaso a lo hecho en esta nefanda legislatura, por su Ministerio; evitar la racionalización y el sereno y concienzudo análisis medido del desglose de los datos objetivos, puestos en la perspectiva de la auténtica realidad, para haber regulado con eficiencia en esa medida, para regular con criterio y sostenibilidad, para sensu contrario inventarse una realidad paralela, catastrofista y maniquea, y así poder incorporar normas en ese efecto, lanzando injustificables invectivas contra los operadores privados, prometiendo seguir por el mismo camino para reducir sus derechos y libertades”.