Reflexiones de ANESAR en redes y medios sobre la noticia del premio no entregado de la ONCE
La noticia de esta semana ha sido sin duda la negativa de la ONCE a pagar un cupón premiado a una persona porque, al parecer, se encontraba en el registro de autoexcluidos. Precisamente desde ANESAR, la semana pasada advertíamos de la necesidad de dotar de los mismos controles al juego público y al privado. Posteriormente, el diario ABC se hacía eco de la noticia que indicábamos, lo que ha provocado la reacción de ANESAR tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación.
Nuestro secretario general, Juan Lacarra, indicaba en Linkedin que “el registro de interdicciones de acceso al juego es, como su propio nombre indica, para acceder (o no) al juego y que no puedan participar los llamados ‘autoexcluidos’. Esto es así para los operadores privados, pero no para los operadores públicos, que venden sin comprobar nada, y solo lo hacen si toca el premio…Una muestra más de la incoherencia del sistema y de la discriminación que sufren los operadores privados con respecto a los mayores operadores de juego en España, la ONCE y SELAE”.
Por su parte, nuestro presidente, José Vall, en el medio Crónica Norte, lamentaba que el registro público de interdicciones de acceso al juego no se esté utilizando para los juegos gestionados por entidades públicas, y considera incoherente que se gestione un registro público que impide el acceso al juego, pero no se utilice para ello.
Por último, en declaraciones a Infoplay, Juan Lacarra manifestó que “el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego es precisamente eso, un mecanismo de protección para que el que pueda presentar un problema, porque sea menor o por lo que sea, no acceda a los juegos. No puede ser que acceda libremente y luego, sólo en el caso de que le toque un premio, no se le pague porque está autoexcluido o es menor de edad. En resumen: cobro el juego y me quedo con el premio. Increíble. ¿Qué protección se les está brindando a estas personas?”. Por otro lado, José Vall señaló que “es como si las personas que trabajan en empresas públicas no se les pidiera carnet de conducir mientras trabajan para el Gobierno, es decir, no deben cumplir las normas que hay para todos por el simple hecho de ser los que regulan y controlan”.