Puesta en valor del control de acceso en la prensa de Castilla La Mancha

El medio de comunicación La Tribuna de Ciudad Real ha publicado esta semana un artículo que, bajo el título “Un extra de seguridad en los salones de juego”, pone en valor que “las salas de juego se adaptan a la norma con acceso por huella o reconocimiento facial para garantizar la edad y que los jugadores no estén inscritos en los ficheros de autoprohibición”.

El presidente de la Asociación Profesional de Máquinas Recreativas de la Mancha (Asmarema), Vicente de la Morena, remarca en dicho artículo que “la normativa regional que entró en vigor a finales de enero de 2022 ha obligado a todas las empresas titulares de establecimientos de juego a realizar importantes inversiones, tanto en adaptación de las fachadas, en las que se han tenido que eliminar todo tipo de imágenes, como en la adquisición de costosos sistemas electrónicos para cumplir las rigurosas exigencias de control de acceso a los establecimientos que se imponen en la nueva normativa”.

“Aquí es imposible que pase alguien sin el DNI; tenemos inspecciones cada quince días”, afirma De la Morera, quien, sobre los nuevos controles electrónicos de acceso, manifiesta que “pese a suponer un alto coste para las empresas, aportan una mayor seguridad y agilidad en la admisión de las personas que acuden a los establecimientos de juego”. “Siempre se ha controlado el acceso (ya que la norma del año 2013 así lo exigía), pero es verdad que ahora existe una sensación generalizada de que ese control es aún más riguroso y eficaz”, señala.

Finalmente, y en relación a las exigencias de distancias a centros de enseñanza reglada que se establecieron en la nueva ley de juego, el presidente de Asmarema (socio de la Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas de Castilla-La Mancha, FAMACASMAN) ha lamentado que “también hay algunos locales que no han podido afrontar el cambio de ubicación y que, por ello, se verán obligados a cerrar dentro del periodo transitorio previsto en dicha ley, que establece como fecha tope la del 31 de diciembre de 2029”. “Las empresas tendrán que decidir si se trasladan a otra ubicación, con la importante inversión que ello conlleva, o se acogen al plazo de prórroga de la autorización que supondría mantener su ubicación actual, pero sabiendo que tendrán que cerrar como tarde el 31 de diciembre de 2029”, concluye.